La iconoclastia patrimonial es una práctica que lleva desarrollándose por muchos siglos. Es la destrucción de ídolos, íconos religiosos, símbolos o monumentos. No es algo nuevo, ni inventado por los Misak poseídos por un espíritu “bárbaro” como muchos lo han señalado. Qué ira escuchar esto.
Con la llegada de los colonizadores a América, ellos también destruyeron ídolos, templos, íconos y todo lo referente a las culturas indígenas. El caso de Popayán, el monumento de Belalcázar, fue erigido en un cerro sagrado para los Misak; es un cementerio. Hoy los herederos de ese régimen de violencia y terror, están decidiendo sobre su territorio y los íconos que desean que los represente. Esto me parece un acto de total valentía, reconocimiento de la historia y de autodeterminación, es una forma de hacer memoria.
Ante la pregunta de muchos ¿y entonces para reparar a los pueblos hay que tumbar todo? Les respondo: no se trata de destruir por destruir, precisamente se trata de entender ¿qué monumentos o procesos están activando la memoria de los pueblos?, ¿qué los conduce a sentir que esos ídolos, e íconos no los representa?, encontrando en la destrucción una manera de reivindicar la historia que ha sido ocultada y debelando el relato que hay detrás de esas grandes imágenes. La destrucción es un acto colectivo y no todos los monumentos e íconos generan este mismo sentimiento, porque precisamente su reactivación obedece a procesos y momentos políticos y sociales particulares.
Me indigna lo que entienden por Patrimonio Cultural la Alcaldía de Popayán y el Ministerio de Cultura, cuando dicen que la restauración de este monumento protege y salvaguarda el “Patrimonio Cultural de la Nación”. Quiero recordar que, a partir de la Constitución de 1991 se logran varias reformas sobre las decisiones en el sector. La primera, permitió que la identificación y gestión de los Bienes Culturales, no fuera sólo gestionada por organizaciones gubernamentales, por el contrario, el nuevo modelo privilegia la inclusión de personas naturales y otros sectores de la comunidad. Segundo, la declaración constitucional de una identidad multicultural legítima la identificación de Bienes Patrimoniales locales, al contrario del anterior modelo que privilegiaba sólo algunos patrimonios correspondientes a la búsqueda de una “identidad nacional”. Tercero, se da una reforma de la administración pública hacia un sistema descentralizado. Esta descentralización permite que los gobiernos y entidades territoriales generen de manera autónoma y responsable estrategias de identificación y gestión del patrimonio local (Artículo 313 de la Constitución Política de Colombia) (Van der Hammen, Thierry, Palacio, 2009)
Desconocer la decisión de los Misak de destruir este monumento en la búsqueda de restaurar simbólicamente su memoria, dignidad y derechos vulnerados, significa perpetuar la violencia pidiéndoles que sigan adorando y reconociendo un monumento que no les pertenece.
El antecedente de esta decisión se enmarca en el juicio popular hecho el 25 de junio de 2020, por el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, a Sebastián Moyano y Cabrera, alias Sebastián de Benalcázar, a quien se le imputan delitos como: genocidio, esclavitud despojo y acaparamiento de tierras, violación de mujeres, profanación de sitios sagrados, imposición de costumbres y creencias, entre otros. Estos hechos fueron probados con las descripciones de fuentes escritas de cronistas, investigaciones académicas, documentos del Archivo Central del Cauca y el Archivo General de la Nación. Como resultado, el Consejo Indígena determinó que Sebastián de Belalcázar es culpable de todos los delitos descritos. Por tal motivo es condenado a que se reescriba en la historia universal como genocida de los pueblos de Pubenza, además, se declara que el Cerro de Tulcán debe honrarse como Territorio Sagrado, por lo que debe quitarse y destruirse la estatua. Esta ejecución fue llevada a cabo el pasado 16 de septiembre del presente año (Comisión Internacional de Justicia y Paz, 2020).
Lo que está pasando en Popayán y en muchos otros países, con la caída de monumentos de dictadores (de todas las épocas), da cuenta de cómo el Patrimonio Cultural, la historia, la memoria y el pasado no son fijos, se transforman, están en constantes tensiones y disputas, que obedece a cambios políticos, religiosos, culturales, y como sociedad estamos llamados a interrogar, a interpelar y cuestionar la historia oficial. Sin embargo, esta propiedad inherente del Patrimonio Cultural sobre su resignificación, principios que la misma institucionalidad nos invita a cumplir, se convierten en palabras vacías, cuando sólo podemos hacerlo si no afecta la “estética” e “integridad” de ese Bien, siempre y cuando la manera autorizada por ese padre castrador no ponga en riesgo la legitimidad de su autoridad, esto significa que el derecho a la revaloración y a la resignificación está siendo educado y disciplinado; nos dicen qué valorar y cómo valorar.
Entonces, le pregunto a las personas que rechazan este acto: ¿resulta más importante un Bien Inmueble que una comunidad portadora de saberes y tradiciones vivas, quienes están ejerciendo su derecho político a hacer memoria y que constituyen parte de la historia e identidad local y de la nación?
Descolonicemos el Patrimonio Cultural * Liberemos la historia de ese sentimiento anticuado y conservador * Descolonicemos el Paisaje Cultural
María Victoria Portela Montoya es Antropóloga de la Universidad Javeriana y candidata a magíster en Museología y Gestión del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia.
